Madrid, 5 de Abril de 2001

Una vez más nos dirigimos a la opinión pública para denunciar lo que viene siendo una constante en la política exterior española en relación con el conflicto del Sáhara Occidental. En los medios de comunicación de difusión nacional, se publica que el Gobierno español está vendiendo armas a países que mantienen conflictos latentes, como son Turquía, India y Marruecos.

Estas ventas contravienen los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea* que deben servir de guía orientadora a las administraciones públicas para autorizar o denegar las solicitudes de exportación de armamento por parte de los países miembros. Estos criterios están recogidos en la investigación realizada por la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona y publicado en el informe "Adiós a las Armas" de la Campaña para el control de las armas ligeras publicado por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón y Médicos sin Fronteras.

Aún recordamos la imagen del Ministro de Defensa destruyendo la ultima mina anti-persona, pero los hechos nos demuestran que se trataba de... Solo una imagen!!

Desafortunadamente, las armas vendidas a Marruecos podrían ser utilizadas, como ya se hizo anteriormente, contra el pueblo saharaui, en caso de que el permanente bloqueo a que Marruecos tiene sometido al Plan de Paz de Naciones Unidas, derivara en una ruptura del frágil alto el fuego que se mantiene desde 1991, o la reanudación de la guerra con trágicas consecuencias para la zona.

Al mismo tiempo que se intenta prohibir los hermanamientos de ciudades españolas con los campamentos de refugiados saharauis para entorpecer y limitar la ayuda humanitaria, el Gobierno español es sensible a las presiones que ejerce el

Gobierno marroquí en el contencioso de la pesca, que se negocia sobre las aguas del banco pesquero canario-sahariano que nunca ha pertenecido al Reino de Marruecos.

Con un Sahara independiente los pescadores españoles podrían pescar sin las dificultades actuales.

La Unión Europea debería tener una participación activa en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental, colaborando con Naciones Unidas en el estricto cumplimiento del Plan de Paz mediante la celebración de un referéndum libre, justo e imparcial, y así poder negociar con los verdaderos dueños de esos caladeros.

Hacemos un llamamiento a los partidos políticos, a las fuerzas sindicales y sociales, a las ONG,s, a las Comunidades Autónomas, al Gobierno de la Nación para que exijan la paralización inmediata de la venta de armas a Marruecos, país causante del conflicto del Sáhara Occidental, donde no se respetan los Derechos Humanos pues se sigue encarcelando por motivos políticos y continúan las desapariciones de presos. También pedimos que en los acuerdos de pesca se excluyan las aguas que no pertenecen a Marruecos.

*CRITERIOS DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UNION EUROPEA 1.Respeto de los compromisos internacionales de los Estados miembros de la UE, en particular las sanciones decretadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las decretadas por la Comunidad, los acuerdos de no proliferación y otros temas, así como otras obligaciones internacionales. 2.Respeto de los derechos humanos en el país de destino final. 3.Situación interna del país de destino final, en términos de la existencia de tensiones o conflictos armados. 4.Mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales. 5.Seguridad nacional de los Estados miembros y de los territorios cuyas relaciones exteriores son responsabilidad de un Estado miembro, así como de los países amigos y aliados. 6.Comportamiento del país comprador frente a la comunidad internacional, en especial por lo que se refiere a su actitud frente al terrorismo, la naturaleza de sus alianzas y el respeto del Derecho Internacional. 7.Existencia del riesgo de que el equipo se desvíe dentro del país comprador o se reexporte en condiciones no deseadas. 8.Compatibilidad de las exportaciones de armas con la capacidad económica y técnica del país receptor, teniendo en cuenta la conveniencia de que los Estados satisfagan sus necesidades legítimas de seguridad y defensa con el mínimo desvío de recursos humanos y económicos para armamentos.

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