La IX Conferencia de Intergrupos Parlamentarios Paz y Libertad en el Sahara, reunida en el Parlamento de las Islas Baleares, que comprende a la totalidad de intergrupos de los parlamentos autonómicos, así como a los grupos que en el Congreso de los Diputados y en el Senado trabajan por la justa causa saharaui y que, en su conjunto, agrupa a los partidos con algún tipo de representación parlamentaria, ha decido impulsar el siguiente Pacto interparlamentario para la descolonización del Sahara Occidental:

Desde 1964 hasta hoy la Organización de las Naciones Unidas, a través de múltiples resoluciones de su Asamblea General, así como del Consejo de Seguridad y de sus diversos organismos, entre los que podemos destacar a la Comisión de Descolonización (IV Comisión) o la Oficina para Asuntos Jurídicos, mantiene al Sahara Occidental en su lista de Territorios No Autónomos, es decir sujetos a un proceso de descolonización que obstaculiza su acceso a la independencia.

Al respecto de estas situaciones, la doctrina de la ONU se resume en la resolución de la Asamblea General 1514 sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales en la que literalmente se afirma que la sujeción de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.

De acuerdo con esa misma doctrina, el Pueblo Saharaui es el único sujeto legitimado para ejercer el derecho a la autodeterminación sobre el Sahara Occidental, sin que ningún otro pueblo o país pueda condicionar este derecho.

Estado Español es histórica y políticamente responsable de la colonización sufrida por el pueblo del Sahara Occidental al haber ocupado y explotado sus recursos durante más de un siglo.

Esa responsabilidad no termina, como algunos han pretendido con la firma de la Declarción de Principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara Occidental, de 14 de noviembre de 1975 conocida como Acuerdos Triparatitos o de Madrid , que representa la entrega del territorio &endash; y sus habitantes - hasta entonces administrados por España a Marruecos y Mauritania, triste acontecimiento del que se cumplen ahora 30 años

Al contrario, los Acuerdos Tripartitos no solo carecen de cualquier valor jurídico, al realizarse en contra de los principios y pactos internacionales asumidos por el Estado Español, en especial contra la citada resolución1514, sino que, a la luz de la historia y de la ética política no tienen legitimidad alguna. Estos acuerdos firmados por la dictadura franquista son, además, responsables de la grave situación que atraviesa el Pueblo Saharaui desde entonces.

Efectivamente, la retirada de España y ocupación por Marruecos (y en su día también por Mauritania) del territorio han provocado el estallido de una larga guerra, el exilio masivo de centenares de miles de saharauis y, en definitiva, la conculcación de los derechos humanos fundamentales individuales y colectivos del Pueblo Saharaui durante estos 30 años.

Por ello ningún gobierno democrático puede argumentar que aquel u otros actos de abandono del territorio pusieran fin a las responsabilidades que a España le corresponden como potencia colonizadora del Sáhara Occidental.

El penoso hecho de que en pleno siglo XXI, y a mitad del Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo (2001-2010), el Sáhara Occidental siga siendo, según la ONU, el único territorio pendiente de descolonización del continente africano y uno de los 16 territorios no autónomos de todo el mundo, unido a los sufrimientos que esta situación provoca en la población autóctona, deberían ser razón suficiente para una intervención decidida del gobierno para poder llegar a una solución del conflicto justa y definitiva.

Sin embargo, los diferentes gobiernos de la democracia, lejos de hacer frente a sus responsabilidades en esta cuestión, han preferido dejar en manos de la Comunidad Internacional las propuestas de resolución del conflicto, cuando no, han alentado la ocupación ilegal del territorio mediante la venta de armas y la firma de tratados y convenios preferenciales con Marruecos en materia tanto económica como política. Por el contrario, las ayudas económicas y políticas al único representante legítimo reconocido del Pueblo Saharaui, el Frente POLISARIO no llegan a superar el límite de lo vergonzoso.

Por su parte, la Comunidad Internacional, las Naciones Unidas y el resto de los organismos internacionales han sido incapaces de imponer su propia doctrina a la intransigencia marroquí, permitiendo y afianzado, de esta forma, el hecho consumado de la ocupación ilegal. Por otra parte, ni las instituciones internacionales, ni el gobierno español, de acuerdo con las responsabilidades que les corresponden, han sido capaces de asegurar unas condiciones dignas de supervivencia para los miles de personas que viven exiliadas como consecuencia del conflicto.

Esta política de los gobiernos españoles y de los organismos internacionales contrasta con el imparable crecimiento de la corriente de solidaridad que la causa saharaui ha venido despertando en la población a lo largo de estos años. El número y la calidad de las acciones de solidaridad y cooperación desarrolladas por las asociaciones civiles y las instituciones locales y autonómicas han crecido y siguen creciendo de manera exponencial en el conjunto del país a medida que se afianza el conocimiento de la situación del Pueblo Saharaui.

Los intergrupos aquí representados nos sentimos parte de la corriente de solidaridad que atraviesa el conjunto de la sociedad y que contrasta con las posiciones mantenidas hasta ahora por los gobiernos del Estado.

El actual gobierno del Estado, encabezado por Rodriguez Zapatero ha declarado reiteradamente su intención de intervenir directamente para buscar una solución al conflicto del Sahara Occidental, lo cual abre una ventana de esperanza para quienes pensamos que la implicación de España en la solución del conflicto es una cuestión de justicia pendiente.

Sin embargo, no es menos cierto que entre el conjunto de declaraciones y gestos de los responsables diplomáticos españoles es difícil adivinar una posición clara y firme a favor del ejercicio de la autodeterminación del pueblo saharaui. A nadie se le oculta el conjunto de intereses internos y externos que dificultan la acción del gobierno en este sentido.

Por todo ello, la IX Conferencia de Intergrupos Parlamentarios Paz y Libertad en el Sahara, , que comprende a la totalidad de intergrupos de los parlamentos autonómicos, así como a los grupos que en el Congreso de los Diputados y en el Senado trabajan por la justa causa saharaui y que, en su conjunto, agrupa al conjunto de partidos con representación parlamentaria, ha decido impulsar el siguiente Pacto Interparlamentario para la Descolonización del Sahara Occidental:

CONSIDERANDO que el conflicto que sufre en la actualidad el Pueblo Saharaui no es sino un problema de DESCOLONIZACIÓN inconclusa,

CONSIDERANDO que en ese proceso la responsabilidad histórica, política y ética fundamental le corresponde al Estado Español en cuanto potencia colonial del Sahara Occidental.

CONSIDERANDO que el conjunto de la opinión pública española se ha manifestado clara y reiteradamente, tanto a través de organizaciones ciudadanas como de sus instituciones representativas, en especial a través de sus Parlamentos, a favor del ejercicio del derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui,

CONSIDERANDO las declaraciones del gobierno actual, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, en el sentido de fundar su actuación en materia de política internacional acorde con la legalidad internacional y las Naciones Unidas así como su declarada intención de contribuir a una solución del conflicto justa y definitiva,

CONSIDERANDO que la firma de los llamados acuerdos tripartitos, de la que se cumplirá este año el trigésimo aniversario, es una carga para la democracia española que debe ser enmendada y que la política de dejación de responsabilidades practicada por otros gobiernos no es sostenible sin menoscabo de la misma democracia,

INSTAMOS al Gobierno Español, a que, de acuerdo con el punto 5 de la Declaración sobre Concesión de Independencia a los Países y Pueblos Coloniales de las Naciones Unidas, emprenda una acción decidida para que el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, que se vio interrumpido en 1975, culmine de forma exitosa y se posibilite ( …)" asumir todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados(…)"

PROPONEMOS que en esta tarea sea el propio Presidente de Gobierno quién, en coordinación con las instancias que considere oportunas, establezca una estrategia de actuación en la materia, que incluya todos los ámbitos de la actuación del gobierno que se vean afectados, para la celebración de un referéndum de autodeterminación que permita llegar a la independencia del pueblo saharaui.

DECLARAMOS nuestra voluntad decidida de coadyuvar en esta tarea, prestando al Gobierno y a su Presidente, todo el apoyo de nuestros grupos parlamentarios para que esta acción obtenga, no sólo el consenso de todos los grupos políticos con representación parlamentaria, sino el apoyo y el empuje del conjunto de los parlamentos e instituciones donde estamos representados.

En Palma de Mallorca a 11 de marzo de 2005.

[Communiqués, lettres, Documents...] [HOME]