I. Introducción:

Un año después de haberse creado la instancia "Equidad y Reconciliación" marroquí (IER) el 7 de enero 2004, el mismo día en que se anunció la liberación de 32 prisioneros, una decena de los cuales eran presos políticos saharauis, el régimen marroquí sigue violando impunemente los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

La creación de la IER responde al fracaso del régimen de Marruecos en todos sus intentos de mejorar su imagen en el extranjero sobre el asunto de los Derechos Humanos en Marruecos y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. En efecto, durante los años 980, el palacio real creó el ministerio de los Derechos Humanos, el Consejo Consultivo de los Derechos Humanos y la Comisión de Arbitraje Real encargada de examinar todos los expedientes de las víctimas de graves violaciones de esos Derechos Humanos perpetradas por el reino de Marruecos. Todas esas instituciones sólo han conseguido un fracaso en pasar definitivamente esta página negra de la historia del régimen alauita.

Esta nueva iniciativa ha sido acogida con aplausos por unos y con escepticismo por otros. Pero el hecho de que su creación coincida con la vuelta a flagrantes violaciones de esos Derechos en Marruecos y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, así como por el hecho de que los autores intelectuales de los crímenes cometidos en el pasado sigan ocupando altas responsabilidades en el seno del régimen, nos obligan a ser pesimistas en cuanto a que haya una auténtica voluntad política de cerrar definitivamente el capítulo de las graves violaciones de los Derechos Humanos en Marruecos y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

En el mismo momento en que la IER anuncia las audiencias públicas para permitir a algunas, y solamente a algunas, de las víctimas de los años de plomo del régimen marroquí que den testimonio de lo que han sufrido, siempre sin nombrar siquiera a los responsables de sus sufrimientos, Marruecos sigue abofeteando impunemente los Derechos Humanos más elementales. Es el caso, sobre todo, de las decenas de presos políticos saharauis y marroquíes que siguen estando internados en las cárceles de Marruecos actualmente.

Pero la mayor contradicción es que la IER no ha dado ningún paso para hacer que las autoridades marroquíes revelen, sin nuevos retrasos, la suerte de los centenares de ciudadanos saharauis y marroquíes que siguen estando desaparecidos desde su detención por elementos de los distintos aparatos del Estado marroquí.

La IER tampoco ha respondido a las incesantes demandas de atender a las víctimas más afectadas por los actos de tortura y otros malos tratos crueles y degradantes perpetrados por las fuerzas de ocupación en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

Los activistas saharauis de los Derechos Humanos en los territorios ocupados no ocultan su desacuerdo ante los métodos de la IER que intenta imponer una visión unilateral para cerrar el expediente de los graves atentados contra los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

Las autoridades marroquíes y la prensa de partido califican esto de acontecimiento histórico, de forma semejante a otros procesos análogos en el mundo, como la Comisión Sudafricana "Verdad y Reconciliación". Desgraciadamente, los pasos dados hasta ahora por la IER de Marruecos demuestran que en realidad se trata más bien de una mutilación de la verdad destinada a reforzar la impunidad de que gozan los responsables de las graves violaciones de esos Derechos cometidas por el régimen marroquí. Los mismos estatutos de la Instancia excluyen la designación de los autores de los atentados perpetrados. Cabe preguntarse entonces de qué podrían servir las audiencias públicas retransmitidas en la televisión y la radio, si las víctimas son sometidas a censura, sobre todo en lo que respecta al asunto de la impunidad.

Sólo las audiencias alternativas organizadas a partir del 12 de febrero por la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos (AMDH) merecen atención, ya que permiten a las víctimas dar su testimonio sin ningún temor. Estas audiencias, organizadas bajo el lema "Testimonios en completa verdad", continuarán hasta próximo el 14 de mayo.

En el caso de los crímenes perpetrados en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, ninguna reconciliación es posible sin el ejercicio previo por el pueblo saharaui de su derecho internacionalmente reconocido a la autodeterminación y la independencia.

II. Los límites de la IER:

"El que no posee, no puede dar". Proverbio árabe. En lugar de darle a esta nueva institución marroquí todas las prerrogativas necesarias para asegurar una ruptura verdadera con el sangriento pasado, el régimen alauita ha escogido perpetuar los mismos métodos majzenianos de siempre, que consisten en ganar tiempo dando la impresión de que se avanza en algo. Dado que la IER no dispone de las facultades necesarias para asegurar siquiera la justicia, el arreglo definitivo del expediente de las graves violaciones de los Derechos Humanos seguirá estando incompleto.

1. Persistencia de las violaciones de los Derechos Humanos:

En el mismo momento en que la Instancia iniciaba sus actividades, se seguían cometiendo graves violaciones de Derechos Humanos. Sin duda es la mayor contradicción de la acción de la IER. La llegada al poder de Mohamed VI despertó mucha esperanza en cuanto a una verdadera ruptura con las actuaciones del pasado. Esta breve esperanza se desvaneció rápidamente, dando lugar a un reforzamiento de la práctica de la represión contra todos los que se atreven a transgredir las líneas rojas del régimen (sobre todo la persona del rey y el asunto de la ocupación del Sáhara Occidental). Esta tendencia se acentuó aún más tras adoptarse la ley anti-terrorista que fue aprobada sin debate tras los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003.

Durante ese periodo, se registraron nuevas y graves violaciones de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Decenas de presos políticos siguen estando encarcelados en condiciones espantosas, especialmente en la siniestra Cárcel Negra de El Aaiun. Las escasas organizaciones de los Derechos Humanos que se crearon en el Sáhara Occidental fueron disueltas. Es el caso, sobre todo, del "Forum Verdad y Justicia (Sección Sáhara)". Los defensores de los Derechos Humanos son constantemente hostigados, intimidados, amenazados con represalias, deportados a Marruecos e incluso detenidos y juzgados sumariamente en juicios inicuos. Se han dado numerosos casos de fallecimientos a consecuencia de la tortura y otros tratos crueles y degradantes: como ejemplo, en el 2004 dos ciudadanos saharauis murieron en los centros de detención marroquíes. Se trata de Chuihi Slimane y Hassan Hadi.

Antes de intentar cerrar definitivamente el sangriento expediente de las graves violaciones de los Derechos Humanos, el régimen alauita de Marruecos debería dejar de perpetrar exacciones contra los ciudadanos saharauis y marroquíes.

2. Composición:

La Instancia Equidad y Reconciliación fue creada por el rey el 7 de enero de 2004, para cerrar "el expediente de las violaciones de los Derechos Humanos en el pasado", es decir, en el periodo que va desde la independencia de Marruecos hasta 1999, año de la muerte del sanguinario Hasán II. Sus 17 miembros, entre los cuales sólo hay una mujer, incluyen a responsables del Estado, y han sido escogidos por el propio rey. La mitad de sus miembros vienen del Consejo Consultivo de los Derechos Humanos, reforzando así la presencia del Estado en la gestión de esta Instancia.

Ciertamente, entre ellos figuran antiguos militantes conocidos por su defensa de los Derechos Humanos que fueron detenidos ellos mismos por razones políticas. Pero su inclusión debe situarse en el marco de su recuperación por un régimen que es condenado internacionalmente por sus flagrantes violaciones de los Derechos Humanos. Es revelador el hecho de que su presidente haya defendido al régimen en el asunto del centro secreto de Tamara. La prestigiosa organización internacional Human Rights Watch denunció en un informe publicado en 2004 la práctica de la tortura y otros tratos crueles y degradantes.

3. Mandato:

La IER recibió mandato para una duración de 9 meses, renovados luego por otros 3 meses más, para hacer la luz sobra las violaciones de los Derechos Humanos cometidas entre la fecha de la independencia y 1999. Es evidente que un estudio serio de las graves violaciones de los Derechos Humanos en Marruecos y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental no podría hacerse en un lapso de tiempo tan corto.

La omisión del periodo actual, es decir a partir de 1999, no es fortuita. Se trata de inducir a error a la opinión pública marroquí e internacional como si durante este periodo no hubiera sido perpetrada ninguna grave violación de esos Derechos, cuando lamentablemente no es así. Los informes de las organizaciones internacionales, marroquíes y saharauis muestran una persistencia de las violaciones de los Derechos en Marruecos y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

Su tarea consiste en proseguir el trabajo de la Comisión de Arbitraje Real creada tras el fracaso del Consejo Consultivo de los Derechos Humanos. Como su antecesora, no podrá abordar el asunto de la impunidad. Por otra parte, en noviembre pasado, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, durante el examen del informe de Marruecos, expresó su preocupación por el hecho de que no se hayan tomado medidas para llevar ante la Justicia a los responsables de las desapariciones forzosas.

4. La IER y las graves violaciones de los Derechos Humanos:

La IER no tiene nada que permita compararla con la Comisión Sudafricana Verdad y Reconciliación, que escogió la verdad como camino que conduce a la justicia. La Comisión Sudafricana tenía la facultad de convocar a toda persona que hubiera infligido tratos crueles o degradantes a sus víctimas. Las sesiones permitían a las víctimas dar su testimonio sin restricciones. Los autores de las violaciones de derechos que reconocieron los hechos y pidieron perdón públicamente podían disfrutar de una recomendación de amnistía con el consentimiento de las víctimas.

Presentar a la IER como una verdadera comisión para la verdad no es más que un vano intento de inducir a error a la opinión pública sobre la naturaleza de esta instancia. Se trata pues de una comparación fraudulenta que busca persuadir al mundo de que el régimen actual es respetuoso de los Derechos Humanos.

III. Ante todo, la suerte de los desaparecidos

Desde su formación, la IER declaró que "su primera prioridad concierne al esclarecimiento de la suerte corrida por las personas que han sufrido desaparición forzosa, ya estén aún con vida o hayan fallecido, así como conseguir indemnización para las víctimas o a sus cercanos, así como la reparación de otros perjuicios materiales y morales, comprendida la búsqueda de soluciones adecuadas para resolver problemas de orden médico, social o administrativo, en el marco de una aproximación global".

Un año después, no se ha registrado ningún progreso palpable en el camino de dilucidar la suerte de las personas desaparecidas. En el caso de los saharauis, y para justificar su fracaso al no haber dado respuesta a sus familias, la IER se oculta tras el pretexto según el cual los archivos de los años anteriores a 1981 han desaparecido. Esta táctica apenas desvelada no tiene otro objetivo que eludir las responsabilidades que le incumben, sobre todo en "continuar las búsquedas en los casos de desaparición forzosa cuya suerte sigue siendo desconocida, desplegar todos los esfuerzos para investigar los hechos aún no esclarecidos, revelar la suerte corrida por las personas que desaparecieron y proponer las medidas adecuadas para los casos en los que se ha comprobado la muerte", como estipulan los mismos estatutos de la IER.

La desaparición forzosa constituye un crimen de extrema gravedad que en el Sáhara Occidental alcanzó durante los años 70 y 80 una dimensión de práctica generalizada y sistemática, lo que ha sido calificado de crimen contra la Humanidad desde la perspectiva del Derecho Internacional.

Mientras la suerte de los desaparecidos saharauis no sea conocida, no será posible ningún progreso en lo tocante a la equidad. Este asunto, que concierne a más de quinientas personas, dura ya 30 años y debe ser resuelto inmediatamente y de forma incondicional. Todo nuevo retraso no hará más que aumentar la angustia de los miles de padres y familiares de los desaparecidos que son también víctimas de esta innoble práctica.

El régimen alauita de Marruecos seguirá asumiendo la pesada responsabilidad en la detención, rapto, encarcelamiento y privación de libertad de centenares de ciudadanos saharauis.

IV. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad

El restablecimiento de la Verdad está en la misma base de todo proceso de arreglo definitivo de este doloroso asunto de las graves violaciones de los Derechos Humanos. Esta verdad debe ser lo más completa posible, no debería ocultarse ningún detalle. Toda "amnesia" constituye un obstáculo mayor a la democracia y a la paz en Marruecos. La verdad, por amarga que sea, es necesaria para la recuperación histórica, que constituye un patrimonio de todos.

La verdad constituye una conditio sine qua non para cualquier posible reconciliación. La verdad no concierne sólo a las informaciones relativas a las circunstancias y los hechos vividos por las víctimas de las graves violaciones de los Derechos Humanos, sino igualmente los datos históricos, políticos, sociales y económicos que han sido manipulados en el pasado, con la perspectiva de perjudicar a las víctimas de dichas graves violaciones de los Derechos Humanos tanto en Marruecos como en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

El régimen marroquí debe facilitar toda información que sea capaz de desvelar la suerte corrida por las personas desparecidas. No cabe presentar ninguna excusa para ocultar tales informaciones, incluyendo las que implican a altos responsables del régimen alauita, en las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas tanto en Marruecos como en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

V. Justicia sí, impunidad no

La impunidad de que disfrutan los autores materiales e intelectuales es la causa principal de que se perpetúen las graves violaciones de los Derechos Humanos. Sin una lucha verdadera y efectiva contra la impunidad, la justicia seguirá siendo abofeteada y será imposible alcanzar la reconciliación.

Todos los intentos de pasar la página negra de la era hasaniana se basan en la impunidad de los responsables de las graves violaciones de los Derechos Humanos. Este es el caso tanto del Consejo Consultivo de los Derechos Humanos como de la Comisión de Arbitraje Real, dos organismos oficiales creados por Hasán II, como igualmente lo es la Instancia llamada de Equidad y Reconciliación. Estas diferentes instituciones actúan más como enterradores para ocultar los hechos de los criminales que participaron activamente en perpetrar violaciones de los Derechos Humanos, tanto en Marruecos como en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

Es imperativo que todo responsable de grave violación de los Derechos Humanos sea juzgado ante un tribunal competente, independiente e imparcial. Sin lo cual, la impunidad será mantenida y objetivos tales como la reconciliación y la justicia serán imposibles de alcanzar.

Sin justicia, este expediente de las graves violaciones de los Derechos Humanos no se cerrará jamás, y seguiremos peleando contra la impunidad de que gozan los responsables de esos graves hechos.

VI. Reconciliación, pero... ¿qué reconciliación?

La reconciliación consiste en restablecer relaciones rotas, a través del reconocimiento por el estado de sus responsabilidades en haberse perpetrado graves violaciones de los Derechos Humanos así como en un cambio de conducta y de actitud respecto a las víctimas y sus familiares. La confesión consiste en un primer paso hacia una verdadera reconciliación.

Desgraciadamente, y pese a haberse creado la IER, los responsables marroquíes no han reconocido públicamente los errores cometidos en nombre del Estado, y aún menos se han abstenido de perpetrar nuevas graves violaciones de los Derechos Humanos.

En el caso del Sáhara Occidental, el Estado marroquí, violando el derecho Internacional invadió y ocupó manu militari un territorio que no le pertenecía sembrando el terror entre las poblaciones saharauis. Desde la fatídica fecha del 31 de octubre de 1975, los ataques de la aviación marroquí con napalm y fósforo blanco provocaron la huida en masa de centenares de miles de ciudadanos saharauis hacia el territorio argelino, donde encontraron refugio. Las tropas que invadieron el territorio saharaui masacraron a la población, destruyeron sus bienes y empujaron al exilio a miles de ciudadanos saharauis. Por esto, el ejercicio pleno del inalienable derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia es previo a toda reconciliación digna de ese nombre entre el pueblo saharaui y el régimen marroquí.

VII. Conclusiones y recomendaciones

Desde hace varios decenios, las víctimas de las graves violaciones de los Derechos Humanos en Marruecos y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental han sido reducidas al silencio por la represión erigida en verdadero sistema de gobierno.

Fuerzas vivas, asociaciones defensoras de los Derechos Humanos y ciudadanos sedientos de justicia y de paz nunca han cesado, con peligro de sus vidas, de denunciar el terror del régimen majzeniano y sus acólitos contra las poblaciones marroquí y saharaui. En el mismo Marruecos se han lanzado campañas, como en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, pero también en Europa. A partir de los años 90, sus sacrificios han empezado a dar los primeros frutos, con la liberación de los supervivientes de Tazmamart, Agdz, Skura, Kaláat M'Guna, Derb Mulay Cherif, El Bir y el PC CMI de El Aaiun, así como otros mortuorios tristemente célebres.

La Asociación de Familiares de los Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), y la Unión de Juristas Saharauis (UJS) continuarán su lucha hasta que se desvele la verdad entera y los responsables de las exacciones cometidas sean llevados ante la Justicia.

Para una verdadera reconciliación y una auténtica verdad, es necesario:

• Restablecer la verdad tan completa como sea posible sobre las graves violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por las fuerzas del majzen.
• Juzgar a los autores materiales e intelectuales de las graves violaciones, a través de un juicio justo e imparcial.
• -Reparar a las víctimas de esas violaciones de derechos. Esta reparación debe ser integral, asegurando a las víctimas de las graves violaciones de los Derechos Humanos el derecho a la restitución, a una compensación justa y equitativa y a su rehabilitación. Es la razón por la cual la reparación debe implicar todos los aspectos psicológicos, sociales, económicos, políticos y morales.
• Celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas.

Tanto AFAPREDESA como la UJS expresan su apoyo a los saharauis defensores de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, que siguen luchando para el respeto efectivo de esos Derechos Humanos.

AFAPREDESA y la UJS apoyan igualmente las audiencias alternativas efectuadas por la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos para permitir que las víctimas den su testimonio sin presiones ni temores.

Campamentos de refugiados saharauis, 17 de febrero 2005

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