Mohamed Sidati Ministro Consejero de la Presidencia della República Arabe Saharaui Democratica

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	DECLARACION
	Con la adopción, el 4 de diciembre de 1960 de la resolución 1514 (XV) que reconoce concesión de la independencia en los países y los pueblos coloniales, las Naciones Unidas imprimieron un nuevo impulso al proceso de descolonización haciendo justicia a las aspiraciones de los pueblos en lucha por la reconquista de su libertad y su independencia. El derecho a la autodeterminación, que es un factor determinante en este proceso, y que permanece, más que nunca, una regla aplicable a todas las situaciones coloniales con vistas a finalizarlas, todavía no es concedido al pueblo saharaui a pesar de la inscripción, en el orden del dia de las Naciones Unidas desde el 1966, de la cuestión del Sáhara Occidental como problema de descolonización. Y no podríamos citar la lista completa de textos que reafirman, desde esta fecha, este derecho hasta la resolución 690 adoptada en junio de 1990 por el Consejo de Seguridad que preve la adopción de un Plan de Arreglo seguido de la organización de un referéndum de autodeterminación que permita al pueblo saharaui escoger libremente su destino. Desde la firma de los acuerdos de Houston, el 16 de septiembre de 1997 entre el Frente Polisario y Marruecos, el Plan de Arreglo había entrado en una fase avanzada de su aplicación, particularmente después del trabajo asiduo llevado por la Comisión de identificación que, con el concurso y los esfuerzos de la comunidad internacional, había tenido éxito en el establecimiento de una lista provisional de los electores que deben participar en un referéndum prometido al principio y constantemente aplazado mas tarde. El pueblo saharaui, estaba en su derecho al esperar de las Naciones Unidas &endash; como garante del derecho a la autodeterminación- que utilizasen todas las ocasiones ofrecidas por la Carta para hacer respetar a Marruecos los compromisos a los cuales suscribió. Debemos aplicar hasta el final un proceso de autodeterminación legítimo, en el cual las Naciones Unidas reconocieron la responsabilidad de llevarlo a buen término pero que fueron, desgraciadamente por el momento, incapaces de hacer respetar por falta de la mala fe de Marruecos y el empeño de ciertos países como Francia que continúa garantizando la agresión y la arbitrariedad. El Plan de paz no es una opción, sino un acuerdo que ha sido objeto de un consenso internacional. Y esto no es para una de las partes, en este caso Marruecos, se oponga a este aduciendo que el referéndum no sería válido y que por tanto el derecho internacional puede ser cuestionado. Asistimos actualmente a una campaña en todos los ambitos de Francia para defender las tesis expansionistas de Marruecos en el Sáhara Occidental. No ahorra ningún esfuerzo para imponer "el acuerdo-marco" que no es nada más que la integración programada y la anexión a corto plazo del Sáhara Occidental en Marruecos. Pero lo que es todavía más preocupante en esta maniobra que tiende a confiscar un derecho inalienable del pueblo saharaui que consintió enormes sacrificios humanos además del exilio doloroso que perdura desde hace veintisiete años, es la implicación de los Estados Unidos y de Gran Bretaña para promover el acuerdo marco bajo instigación de Francia.Conviene recordar a estas tres potencias su responsabilidad como miembros permanentes del Consejo de Seguridad y su deber de hacer prevalecer el Derecho sobre la fuerza. Si por desgracia se viene a imponer el " acuerdo-marco" que es nulo y no avenido, y que ha sido rechazado por ilegal, y porque enajena el derecho de todo un pueblo, esto vuelve a una declaración de guerra al derecho del Pueblo Saharaui, y por lo tanto generará más inestabilidad e inseguridad en la región. " El acuerdo marco " es contrario a la legalidad, porque pretende evacuar el derecho para sustituirlo por el bandolerismo y la estafa. En efecto el " acuerdo marco ", además de que "legaliza" la anexión del Sáhara Occidental, consagra la explotación ilegal de sus riquezas y el pillaje de sus recursos. Los acuerdos concluidos entre Marruecos y sendas compañías petroleras, la americana Kerr-McGee y la francesa Total Fina Elf es la ilustración de ello. En el momento en el que el Consejo de Seguridad está a punto de examinar de nuevo la situación del conflicto del Sáhara Occidental, estamos en el derecho a pedir a la comunidad internacional y a otros países miembros del Consejo de Seguridad de continuar defendiendo valientemente el Derecho y la Legalidad, y preservándolos de tentativas desvergonzadas de alteración y de desnaturalización. El pueblo saharaui no puede tolerar así una desviación del proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Es importante e incluso urgente continuar dándose cuenta de la gravedad de la situación y de la conspiración siniestra que pretende hacer caso omiso del Plan de Paz. Se trata, por otro lado de salvar la credibilidad de la ONU y de su Consejo de Seguridad seriamente mermada y de salvar también las posibilidades de una Paz justa y duradera en el Sáhara Occidental. La aplicacion del Derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui que es la llave en toda esta problemática. Aparte de su respeto una vez aplicado. Toda la cuestión consiste en saber si el Consejo de Seguridad, como institución, está dispuesta en lo sucesivo a frenar las ambiciones territoriales insaciables de Marruecos y de plantearse cuestiones sobre el papel real de Francia, sostén incondicional de éste en su política expansionista. El reino marroquí no vacila más en pasar a los actos, su abuso de autoridad contra España lo ilustra. Sus actos de agresión, deben ser contenidos y neutralizados, ya que si no, la Paz y la estabilidad en el perímetro occidental mediterráneo serían gravemente amenazadas. El objetivo de Paz y de seguridad no sería en este caso más que votos piadosos. Creemos firmemente que las cuestiones de la legalidad, la seguridad y la estabilidad para todos los pueblos de nuestra región aconsejan abandonar estas visiones estrechas Porque la verdadera apuesta es acabar en una solución justa y duradera que no podría concebirse fuera del afecto leal a los compromisos ya que representan la mejor prueba de una solución verdaderamente duradera. Bruselas, el 16 de julio, 2002.

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