Teniendo en cuenta que la exigencia de la aplicación del Principio de la Autodeterminación de los pueblos, en el Sahara Occidental, es una exigencia sólidamente incrustada en la cúspide del Derecho Internacional;
Sabedores de que existe un sinfín de Resoluciones de la ONU, de la Unidad Africana y un dictamen de la Corte Internacional de Justicia que reclaman la aplicación de un referéndum de autodeterminación para que los saharauis puedan expresarse libremente sobre su futuro;
Apelando a la responsabilidad histórica, legal, política y moral de España en este conflicto;
Convencidos de que, tal y como afirma la ONU, España sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sahara Occidental, al carecer los Acuerdos Tripartitos de Madrid de validez jurídica;
Resaltando que ningún Estado del mundo reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental ni sobre sus aguas, al carecer de título jurídico alguno para ello;
Teniendo en cuenta que la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos es una ocupación ilegal, que viola impunemente preceptos tanto legales como morales;
Recordando la acción –armas, mediante– de la Comunidad Internacional oponiéndose a la ocupación ilegal de Kuwait en 1991;
Saludando las presiones de la Comunidad Internacional para que Timor Oriental acceda a su independencia después de muchos años de ocupación ilegal por parte de Indonesia;
Apelando a la sensibilidad europea al respaldar el Proyecto de independencia para Kosovo;
Recordando que Marruecos había aceptado el Plan Paz de la ONU de 1991 para la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero que hasta ahora lo sigue obstaculizando, sin que la Comunidad Internacional ponga en acción los mecanismos pertinentes;
Recordando que en virtud de ese mismo Plan Paz, los saharauis, siguen respetando el alto el fuego con la esperanza de un referéndum libre y democrático;
Recordando que el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado un nuevo plan mucho más favorable a Marruecos, el Plan II de Baker, pero que Marruecos se niega a aceptarlo;
Deplorando la feroz represión de las fuerzas marroquíes en las Zonas Ocupadas del Sahara, ante la pasividad de la Comunidad Internacional;
Animando tanto a particulares como a todas las entidades a que intenten romper el bloqueo impuesto por Marruecos en el Sahara Occidental;
Recordando que una Misión del Parlamento Europeo y una Misión del Congreso de los Diputados de España no han podido acceder al territorio por la negativa de Marruecos. Igual suerte han corrido otros dieciocho intentos por parte de diputados autonómicos, alcaldes, concejales y miembros de ONGs de distintas partes de España.
Plenamente convencidos de que la existencia de un Estado saharaui frente a las costas de Canarias, no puede sino ser beneficiosa para España en todos los niveles;
Considerando que España, octava potencia mundial, puede ayudar a Marruecos sin necesidad de apoyarlo y compartir sus errores;
Poniendo de relieve que las relaciones hispano-marroquíes pueden ser estrechas y sólidas sin necesidad de violar la legalidad internacional en el Sahara Occidental;
Observando con preocupación el deslizamiento del Gobierno de España en favor de las tesis expansionistas de Marruecos;
Profundamente dolidos por el cambio de postura tradicional de España  en la ONU sobre este conflicto;
Expresando nuestro rechazo a las gestiones españolas que han permitido el acuerdo pesquero UE-Marruecos que incluye aguas saharauis a pesar de la negativa de los países escandinavos;
A la vista de la indudable alineación de la política exterior española con las pretensiones anexionistas de Marruecos, cuyo último episodio ha sido la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en su reciente visita a Rabat, en la que alaba la propuesta marroquí de la Autonomía como solución al conflicto.
Denunciando que ese nuevo posicionamiento convierte a España en cómplice de la violación de la Legalidad Internacional en el Sahara Occidental y merma profundamente su capacidad de mediación en el conflicto;
Resueltos a seguir luchando para erradicar el colonialismo y la ocupación ilegal, que constituyen las peores lacras que ha conocido la Humanidad y son una negación radical de los más elementales derechos del hombre y la mujer.